El Congreso colombiano aprobó un proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales y entrará en vigor de manera gradual dos años después de que sea sancionado por el presidente Iván Duque.

El proyecto, de autoría del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, fue aprobado en último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes la noche del jueves con 117 votos a favor y ocho en contra.

Su aplicación comenzará en 2023, cuando la jornada laboral semanal se reducirá una hora, al igual que en 2024, y en los años siguientes progresivamente disminuirá dos horas, hasta llegar a las 42 semanales.

La iniciativa planteaba que la reducción entrara en vigencia el próximo año, pero en la discusión en el Congreso se aprobó que se haga paulatinamente para que los diferentes sectores económicos, golpeados por la pandemia del coronavirus, tengan oportunidad de prepararse.

Aunque el proyecto fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso, sectores empresariales advierten que podría desalentar la creación de empleo e incentivar el trabajo informal justo cuando el país atraviesa una de sus peores crisis económicas.

"Ojalá los congresistas en algún momento entiendan la importancia de crear empleo en un país que tiene una tasa de desocupación del 15 % y donde el 30 % de los jóvenes y mujeres jóvenes no tienen empleo", cuestionó hoy desde sus redes sociales el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.

El economista agregó que los congresistas deben analizar "cada proyecto que aprueben y examinar si están creando empleo y formalidad o si por el contrario están propiciando el desempleo y la informalidad" porque "algunas ideas que 'suenan populares' pueden estar afectando gravemente a los hogares colombianos".

Por su parte, el expresidente Uribe, que presentó el proyecto el año pasado cuando todavía era senador, argumentó que nunca ha visto economías similares a la de Colombia aumentar la informalidad por reducir la jornada laboral.

El proyecto, que no afectará el salario actual de los trabajadores, pasará a conciliación en el Congreso y de allí a la sanción del presidente, que tiene la potestad de firmarlo o vetarlo.

EFE